El oro sigue siendo el principal metal explotado en la pequeña minería y en la minería artesanal. Para el 2019, este sector representaba el 22% de la producción aurífera declarada en el país, con un valor estimado de 1.000 millones de dólares.

A principios del 2023, la cantidad de personas naturales y jurídicas que ejercían la actividad minera y estaban inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) sumaban 87.771, como consta en el Anuario Minero 2022.

De estas 87.771, se formalizaron 11.101. De ellas, 1.880 son titulares de una actividad minera de explotación o beneficio de minerales metálicos o no metálicos, que agrupan a 9.216 socios, accionistas, operadores mineros, entre otros.

A ello se suma que los centros mineros artesanales están fuera de la ciudad, a veces en zonas de difícil acceso. Por tanto, el equipo de formalización debería contar con camionetas todoterreno y aparatos satelitales para tomar las coordenadas de la zona de extracción minera, además de equipos topográficos. Si no se cuenta con estos recursos logísticos, es complicado cumplir la tarea.

El directivo de Ingemmet agrega que, por otro lado, una parte de los mineros artesanales que aún no están incorporados en el sistema formal se amparan en comunidades que no respetan la legislación minera y les permiten trabajar a cambio de alguna regalía. Esta situación también propicia la corrupción, ya que no faltan dirigentes comunales que desaparecen con estos fondos.

“Entre los organismos que fiscalizan la actividad minera se encuentran Osinergmin, OEFA, Sunafil y también la Sunat. Estos deberían invertir por lo menos el 70% de sus esfuerzos en las zonas donde prevalece la minería ilegal e informal, con la finalidad de ayudar a formalizar, prevenir la contaminación y abordar los temas de seguridad. La mediana y gran minería prácticamente no los requieren, ya que casi todas cumplen las normas ambientales y la regulación vigente. Debemos enfocarnos en lo que nos impacta negativamente”, explica Henry Luna.